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La crisis pone al descubierto insuficiencias institucionales y aplaza posibles reformas
Preocupación de los partidos por el desgaste del modelo
J. L. BARBERÍA / F. GAREA Madrid 2 JUN 2012 - 19:40 CET
Con la soga de la prima de riesgo anudada al cuello y sin una luz clara en el horizonte, la sociedad española deshace sus vínculos afectivos con los partidos políticos y tritura en gran medida el crédito que le merecían las instituciones y organismos públicos. Las últimas encuestas de Metroscopia muestran que el porcentaje de personas más o menos angustiadas por la crisis económica alcanza al 90% de la ciudadanía, el mismo porcentaje de población que considera que los partidos políticos actúan llevados por sus propios intereses, sin tener en cuenta las necesidades de la gente. En apenas siete meses, los que van de octubre de 2011 a mayo de este año, el porcentaje de ciudadanos que piensa que el actual sistema democrático sigue siendo, con todos sus defectos e insuficiencias, el mejor que ha tenido nuestro país en su historia ha caído del 72% al 56%.
La crisis ha hecho saltar las costuras del Estado. Los 24.000 millones del agujero de Bankia, las “semanas caribeñas” del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, las millonarias pensiones de los ejecutivos causantes del derrumbe financiero, el caso Urdangarin… Tienen un impacto devastador en una sociedad de tono vital muy bajo sacudida por el empobrecimiento de las clases medias y la caída en la práctica miseria de segmentos de las clases bajas. Y, sobre todo, los 5,6 millones de parados, cifra que no deja de subir. Los planetas se han alineado y el umbral del dolor de los ciudadanos se pone a prueba cada día.
La crisis ha eclipsado hasta la noticia esperada durante décadas del final del terrorismo. Los principales partidos solo hablan tímidamente de reparar el Estado democrático, aunque no ocultan su preocupación. Según los cálculos del Fondo Monetario Internacional, España no recuperará el PIB que tenía en 2008 hasta 2018.
“La gente no se explica cómo hemos llegado a esta situación. Cree que no se merece lo que le está pasando y se siente abandonada a merced del oleaje, desamparada por las autoridades políticas y económicas que debían haberle protegido. Percibo una agresividad ciudadana y una exigencia de responsabilidades porque a veces cuanto más se explican menos les entendemos”, indica Federico Javaloy, catedrático de Psicología Social de Barcelona.
El profesor de Derecho Administrativo y letrado de las Cortes de Aragón José Tudela Aranda opina que detrás del desplome financiero hay una crisis institucional en un sentido muy amplio. “Se han ido desmontando o neutralizando los controles administrativos y políticos, debilitando así la función pública. El papel de los secretarios, interventores o cámaras de cuentas ha quedado difuminado porque se ha preferido tener las manos libres y colocar a profesionales ideológicamente afines. Eso explica los desfases presupuestarios. Las cámaras de cuentas o cualquier otro tribunal de control resultan imprescindibles y suponen un ahorro económico si evitan la perversión del sistema, pero son ruinosas cuando miran hacia otro lado y consienten todo. Corrupción no es solo llevarse el dinero, es deformar la ley, colocar a los amigos”, subraya. José Tudela y otros muchos estudiosos creen que en los últimos tiempos se han rebajado los criterios de selección de los políticos y muchos buenos profesionales han sido sustituidos por personal de confianza ideológica.
Las encuestas recientes son un aldabonazo, la voz de alarma que advierte del deterioro del sistema democrático y del peligro de derivar hacia situaciones impredecibles. Solo faltaría que al shock económico le sucediera el shock democrático. “España es un gran país”, suele repetir Mariano Rajoy. Pero crece la impresión de soberanía democrática arrebatada. Un miembro del Gobierno explica que Rajoy no está para nada más que la crisis y es imposible despachar con él sobre otro tipo de decisiones y reformas.
» SISTEMA FINANCIERO. Unos 500 euros por español hasta llegar a los casi 24.000 millones de euros que son precisos para reflotar Bankia (de ellos, 4.500 millones fueron inyectados en 2010). Será necesario más del doble de lo que se acaba de recortar en sanidad y en educación para tapar el agujero del banco en el que tuvieron presencia representantes de los distintos partidos y que, en su último tramo, fue dirigido por Rodrigo Rato. Este, uno de los iconos del PP, pudo haber sido presidente del Gobierno en 2004, si el dedo de José María Aznar no se hubiera desviado hacia Rajoy.
Bankia es hasta el momento el último y más grande eslabón de una cadena de quiebras bancarias en España, que tienen que ver con el pinchazo de una burbuja inmobiliaria que ha dejado el país regado de pisos sin ocupar y promociones sin terminar. Los dos grandes partidos dirigieron esas cajas, sin que haya habido atribución de responsabilidades en ningún caso. Zapatero llevó a cabo dos reformas del sistema financiero y Rajoy ya va por la segunda. En ninguna de las cuatro ha habido voto contrario de alguno de los dos grandes partidos. Pese al enfrentamiento partidario, ha sido el único asunto sobre el que ha habido un cierto grado de complicidad entre PP y PSOE.
Y desde que empezó la crisis bancaria, con distintos grados de gravedad, ha habido coincidencia en la falta de transparencia. “El Parlamento no está para controlar la actividad de un banco u otro. Este no es un sitio donde queramos machacar a nadie”, dijo José Antonio Alonso, entonces portavoz del PSOE en el Congreso, el 29 de enero de 2009 para justificar su negativa a que comparecieran allí los gestores de los bancos. Ahora el PP en el Gobierno copia esos argumentos, con el agravante de que el dinero público en juego se ha multiplicado y se ejecuta el mayor recorte del Estado de bienestar de la democracia.
» BANCO DE ESPAÑA. En la práctica, según un destacado ministro, lo que se ha producido es una externalización de las funciones del Banco de España. El organismo regulador del sistema financiero, que pasaba por ser uno de los más respetables de Europa, también se ha visto afectado por el tsunami; y el Gobierno, por exigencia de la UE, acaba de contratar a Oliver Wyman y Roland Berger para que inspeccionen y auditen las cuentas de los bancos españoles. El ministro de Economía, Luis de Guindos, habló en la solemnidad de la rueda de prensa del Consejo de Ministros de “recuperar el prestigio del Banco de España”, dando por hecho así que lo ha perdido. El gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha adelantado en un mes el final de su mandato y desde el Gobierno y el PP se ataca su gestión. Se le achaca que no advirtiera la crisis, que no frenara operaciones de fusión de cajas que han fracasado y, sobre todo, se le imputa el pecado original de que su nombramiento fue decidido por José Luis Rodríguez Zapatero, sin consenso. Hasta la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, en momentos de zozobra, le tacha de socialista. En breve, el Gobierno propondrá su sustituto y las quinielas están entre Luis Linde y José Manuel González Páramo. El objetivo, recuperar la institución.
» COMUNIDADES AUTÓNOMAS. La crisis ha hecho saltar engranajes del Estado autonómico. Las exigencias de Bruselas para cumplir el objetivo de déficit se han traducido en una ley que limita la autonomía para aprobar los presupuestos, y la cesión de soberanía es aceptada hasta por partidos nacionalistas, aunque eso no diluya su reivindicación identitaria: en momentos de crisis, la reivindicación de mayor autogobierno se traduce en pugna de símbolos y en negociación de mejora de financiación. En los próximos meses es posible que se celebren elecciones anticipadas en tres comunidades: en Cataluña —ahogada financieramente— si, como parece, CiU recibe la negativa del Gobierno al llamado pacto fiscal; en el País Vasco, por la ruptura del acuerdo entre el PSE y el PP; y en Galicia como adelanto de los comicios previstos para 2013.
En País Vasco y Cataluña, si finalmente hay comicios, es probable la victoria de partidos soberanistas, que incrementarían la tensión con el Gobierno central y la zozobra institucional.
» PARLAMENTO. Es la única institución sobre la que ni PP ni PSOE plantean reformas de funcionamiento, a pesar de ser de las más superadas por la realidad. Por ejemplo, las preguntas orales al Gobierno se presentan cinco días antes de responderse, los calendarios de plenos son cortos y la inmensa mayoría de los diputados se limita a apretar un botón. La reforma del Reglamento lleva tres legislaturas durmiendo el sueño eterno.
El Gobierno de Rajoy ha utilizado más que ningún otro antes los decretos ley que impiden el debate parlamentario, y se ha negado a tramitarlos como proyectos de ley para evitar discutir enmiendas. El recorte de 10.000 millones en sanidad y educación, por ejemplo, se saldó con solo dos horas de debate parlamentario, mucho menos que el tiempo empleado en explicarlo ante los socios europeos y los mercados. El PP aplica su mayoría absoluta para impedir peticiones de comparecencia. La situación llega al punto de que el Gobierno olvidó que nombramientos como el del presidente del Consejo de Estado y el del presidente de la agencia Efe requerían una comparecencia pública previa en el Congreso, y se vio obligado a forzar su presencia en la Cámara cuando ya había salido su designación en el BOE. Se inventa así el oxímoron de la audiencia previa posterior.
» PODER JUDICIAL. El Consejo General del Poder Judicial se ha visto agitado por el escándalo de los viajes privados de su presidente con cargo al erario. Carlos Dívar dijo primero que no debía explicaciones a la prensa, luego compareció ante los periodistas y se negó a revelar con quién cenaba con dinero público, y el PP vetará que comparezca en el Congreso para dar cuentas de sus gastos. El PSOE, que le propuso para el cargo en la anterior legislatura, ha pasado del silencio a la petición de información, mientras el PP le protege porque, según el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, hay que preservar las instituciones.
Gallardón presentará antes de verano un proyecto de ley que reforma por completo el CGPJ, hasta el punto de eliminar la dedicación exclusiva de los vocales. No tendrán sueldo ni infraestructura, y seguirán ejerciendo sus actividades judiciales, tal y como se ha hecho ya con el Consejo de RTVE. El modelo será el de Francia donde, curiosamente, el nuevo presidente. François Hollande, pretende cambiar el suyo para copiar el español. No se puede reducir el número de 20 vocales, porque está establecido en la Constitución y, por supuesto, queda enterrado el propósito recogido en los nuevos estatutos de comunidades de multiplicar este organismo en consejos autonómicos.
El mismo Tribunal Supremo que preside Dívar ha estado en entredicho por un sector de la población que entendía que ha actuado por venganza contra Baltasar Garzón, por investigar el franquismo, inhabilitándolo por otro caso, el de las escuchas de Gürtel.
» RENOVACIÓN INSTITUCIONAL. Desde hace cuatro años los dos grandes partidos incumplen su obligación constitucional de pactar nombramientos en ciertas instituciones. Hay cuatro vacantes en el Tribunal Constitucional, que mantienen en precario esta institución; el Defensor del Pueblo está en funciones desde hace dos años; el Tribunal de Cuentas está empantanado, igual que otros organismos reguladores. PP y PSOE aseguran que se procederá a la renovación, probablemente la próxima semana, pero ni siquiera hay contactos entre ellos.
» PARTIDOS. Todos los partidos con representación parlamentaria están en fase de poner remedio, en parte, a los agujeros de las normas que restringen su financiación. En una ponencia del Congreso están cerrando un acuerdo para dar transparencia a sus cuentas, publicando los créditos y las condonaciones de préstamos en Internet, y para cerrar las puertas falsas que les permiten escapar a su fiscalización: las fundaciones y la nula capacidad sancionadora del Tribunal de Cuentas. Cuando llegue ese acuerdo no será posible que los bancos perdonen a los partidos más de 100.000 euros al año, las fundaciones no podrán recibir donaciones y deberán publicar sus balances y el Tribunal de Cuentas podrá actuar y sancionar directamente. Han aceptado una reducción de un 20% de sus ingresos, aunque el PSOE negocia una aplicación flexible por problemas de liquidez.
Los dos grandes partidos, PSOE y PP, han frenado iniciativas que pedían hacer incompatible la pensión de los expresidentes con otros ingresos o las cesantías de los exministros y secretarios de Estado. El único miembro del Gobierno anterior que ha renunciado a ese ingreso que pueden cobrar durante dos años es Alfredo Pérez Rubalcaba. Hay 15 exministros y exsecretarios de Estado que en este momento compatibilizan el sueldo de diputado con esa pensión de dos años. Se ha avanzado en la publicación de patrimonio y actividades de parlamentarios, pero el Congreso carece de capacidad para comprobar los datos.
» MONARQUÍA. El escándalo por el proceso judicial en el que está imputado el yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, hizo que la imagen de la monarquía se resintiera, según las encuestas. La Casa Real respondió apartando a Urdangarin de las actividades de la Familia Real y dando transparencia a las líneas generales de las cuentas de la Zarzuela. Pero la cacería de Don Juan Carlos en Botsuana deterioró aún más la imagen de la monarquía: si en marzo el 74% de los españoles aprobaba la manera en la que Rey desempeñaba sus funciones, en abril ese porcentaje caía al 52%. El 51% juzga insuficientes las explicaciones y disculpas que el monarca ha ofrecido sobre su cacería. La respuesta en este caso ha sido la insólita petición de disculpas públicas del Rey y el compromiso de dar a conocer sus viajes.
» GOBIERNO. Nunca antes habían coincidido una valoración tan baja de un Gobierno con una imagen aún peor de la oposición, según todas las encuestas. Mucho menos tan cerca de unas elecciones generales en las que, además, un partido ha logrado mayoría absoluta. El Ejecutivo ha hecho de la Ley de Transparencia una de sus banderas, con el objetivo de obligar a la administración a facilitar datos a los ciudadanos, bajo amenaza de sanciones. Sin embargo, el actual presidente solo ha dado una rueda de prensa en solitario y, por ejemplo, el recorte de 10.000 millones de euros en sanidad y educación se comunicó en una nota de prensa una tarde. En Italia un recorte similar lo anunció el primer ministro, Mario Monti, en presencia de su ministra de Trabajo, que acabó la comparecencia llorando.
El trámite de la Ley de Transparencia se combina con gestos contrarios, como el mantenimiento de la clasificación secreta de miles de documentos de defensa y de exteriores.
El 80% de los españoles, según Metroscopia, pide pactos entre los partidos, pero los puentes de comunicación entre el presidente y el líder de la oposición han estado rotos durante meses
